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¿Una inhabilitación posible? Cómo la Justicia de Brasil estrecha el cerco a Bolsonaro
De ser condenado, el exmandatario ultraderechista podría perder el derecho a presentarse a las próximas elecciones.
Jair Bolsonaro perdió su inmunidad el 1 de enero y el 8 de ese mismo mes se produjo el mayor asalto contra la democracia en Brasil desde la dictadura. El exmandatario no se encontraba en el país, porque unos días antes de la investidura del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se marchó a Florida, en EE.UU., una distancia que no ha impedido que nueve días después el cerco judicial contra él se vaya estrechando.
La semana comenzó con una drástica decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE): Bolsonaro y su candidato a vicepresidente a las elecciones, el general Braga Netto, tienen tres días para explicar el contenido de un proyecto de decreto hallado en la vivienda de Anderson Torres, uno de sus máximos colaboradores.
Torres, exjefe de Seguridad del Distrito Federal (DF) y exministro de Justicia de Bolsonaro, llegó el sábado de Florida, adonde también viajó días antes de los violentos asaltos a las sedes de los tres poderes, no sin antes destituir a los altos mandos de la corporación y dejando así desprotegida la capital. Nada más aterrizar, fue enviado a prisión acusado de presunta omisión de los hechos.
Su situación se complicó todavía más cuando la Policía encontró, en un armario de su vivienda, el polémico borrador de decreto para intervenir el TSE y cambiar los resultados de las elecciones ganadas por Lula, gran enemigo político de Bolsonaro, muy ajustadamente.
El magistrado Benedito Gonçalves, del TSE, respondió el lunes a un pedido del centroizquierdista Partido Democrático Laborista (PDT) para que el documento se adjunte a las investigaciones sobre una reunión que Bolsonaro mantuvo en julio de 2022 con una decena de embajadores, a quienes expuso su infundada teoría sobre la fiabilidad de las urnas electrónicas.
Gonçalves consideró que este encuentro no tenía solo la vista puesta en los embajadores, sino también en "movilizar a sus bases a través de hechos, a sabiendas falsos, sobre el sistema electoral". Para el juez existe "una correlación inequívoca entre esos hechos y los nuevos documentos".
A partir de febrero, cuando el TSE termine su receso, Gonçalves activará las 16 investigaciones que Bolsonaro carga por abuso de poder económico, uso indebido de medios de comunicación social o propaganda anticipada irregular.
Para algunos miembros del Partido Liberal (PL), formación del exmandatario, es muy difícil que este salga ileso de todas las investigaciones y consideran improbable, según los analistas, que pueda presentarse a una nueva disputa electoral dentro de cuatro años a causa de estas acciones.
Y es que si Bolsonaro llegase a ser considerado responsable de alguno de estos procesos, podría ser condenado a un período de inhabilitación política.
"Una cosa impensable"
A todo esto se añade la investigación abierta por el Supremo Tribunal Federal (STF) la semana pasada para investigarle por su supuesta implicación en los actos del 8 de enero y que se basa en un video que él mismo colgó en las redes dos días después del asalto. La grabación cuestionaba los resultados electorales.
El video fue eliminado poco después, pero el tiempo que pasó publicado fue suficiente para que se difundiese entre miles de sus seguidores y los animase a seguir protestando, lo que obligó a las autoridades a reforzar la seguridad en la capital ante nuevas amenazas.
En la máxima corte, Bolsonaro ya tiene abiertos por lo menos otros cuatro procesos, entre ellos, uno por divulgar noticias falsas sobre el coronavirus, que ahora al perder su inmunidad podrían pasar a la primera instancia.
El expresidente, que nunca reconoció la victoria de Lula, habló el lunes desde Florida con sus simpatizantes, y aprovechó para intentar desvincularse de lo ocurrido en Brasilia.
"Lamento lo que pasó el día 8, una cosa impensable. Pero en mi gobierno la gente aprendió lo que es la política, conoció a los poderes, empezó a valorar la libertad", dijo.
Mientras tanto, la Fiscalía denunció ante el STF a 39 personas vinculadas con los ataques y pidió su prisión preventiva "para evitar que se cometan nuevos delitos violentos".
Más de 1.800 personas han sido detenidas desde el asalto, pero algunas fueron liberadas por razones humanitarias. Las últimas actualizaciones de la Secretaría de Administración Penitenciaria de DF indican que todavía permanecen presos 1.398 bolsonaristas radicales.
El Ejecutivo de Lula despidió este martes a 40 militares que trabajan en el Palacio de la Alvorada, su residencia oficial. Esta decisión se produce después de que la semana pasada el presidente dijese que estaba seguro que las puertas del Palacio de Planalto, sede presidencial, se abrieron de manera intencionada para que los radicales pudiesen asaltarlo.
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