Cada 24 minutos denuncian una extorsión en Perú: ¿cuál es la estrategia del Gobierno?

La inseguridad ciudadana ha sido durante meses el principal problema de la población en Perú y en ese ámbito, últimamente, la extorsión ha escalado a niveles de tal magnitud que es el tema más mencionado por los poderes del Estado.

La semana pasada el país vivió un paro de transportistas de 72 horas en el que le exigían al Gobierno medidas efectivas y, en el caso del Congreso de la República, que derogue una polémica ley que, a su juicio, obstaculiza el combate a las organizaciones delictivas y contempla disposiciones que podrían dar paso a la criminalización de la protesta social.

"La 32108 es procrimen, le dan todo el respaldo a los delincuentes (…) desde que entró en vigencia, hace 20 o 30 días, las olas de extorsiones y de matanzas han aumentado", afirmó el domingo el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, entrevistado en el programa 'Punto Final' del canal local Latina.

Este lunes la compañía Ipsos publicó una encuesta que establece un récord histórico en la impopularidad de la presidenta, Dina Boluarte, y en el mismo estudio se plasmó la valoración de la ciudadanía sobre la norma 32108. Un 87 % considera que obstaculiza los esfuerzos de la Policía y la Fiscalía en la lucha contra el crimen.

Un clima de insatisfacción tan generalizado que incluso la patronal más reconocida del Perú se pronunció a favor. El viernes pasado el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso Bustamante, lo calificó como "la causa correcta".

"Aunque los paros generan tráfico, incomodidad para los trabajadores y complicaciones logísticas para las empresas, consideramos que la magnitud del problema justifica la protesta", escribió Bustamante en una columna en el periódico Gestión.

De hecho, datos de la Confiep y de la Cámara de Comercio de Lima tasan en más de 6.000 millones de soles (cerca de 1.600 millones de dólares) las pérdidas económicas anuales por este delito, según el diario La República.

Siete de cada 10 transportistas han sido extorsionados este año, manifestó la Federación Nacional de Transporte (Fenatrans) y la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra).

Números rojos

A principios de mes, Correo detalló que cada 24 minutos se denuncia un caso de extorsión, de acuerdo a la data de enero a agosto de 2024 que obtuvieron de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El total de denuncias es de 14.220, lo que arroja un promedio de 59 al día a nivel nacional. El 84 % provienen de los departamentos de Lima, La Libertad y Piura.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señaló que de enero a junio el 27,7 % de la población de 15 y más años de edad a nivel nacional urbano, fue víctima de algún hecho delictivo, un aumento del 5,1 y 0,6 puntos en relación a ese lapso en 2022 y 2023, respectivamente.

En ese segmento el nivel de percepción de inseguridad en los próximos 12 meses muestra a un 66,4 % preocupado por un posible robo de dinero, cartera o celular; un 59,1 % por un robo a su vivienda; y un 40,9 % por una estafa. Más atrás aparece la extorsión con el 20,2 %.

Sin embargo, un análisis de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) denotó hace poco el recelo de la ciudadanía para denunciar el crimen. Y, según el sondeo del INEI, entre víctimas de algún hecho delictivo, un 40,9 % no lo hace por creer que es una pérdida de tiempo y un 13,1 % porque desconfía de la Policía.

"La ciudadanía ya no denuncia pues ha perdido la confianza en las instituciones policiales y entra a un espacio en el que busca solucionar por su propia cuenta el problema [extorsión]", afirmó Noam López, politólogo de la PUCP con experiencia en investigación de fenómenos criminales.

Campos, de la Alianza Nacional de Transportistas, situó el aumento de las extorsiones en un 50 %, en comparación al 2023. "Ya vivimos en una inseguridad total y el Gobierno no puede darnos la espalda", expresó.

¿Qué ha hecho el Gobierno?

El 4 de octubre la presidenta peruana Dina Boluarte inauguró una nueva central telefónica 111, instalada por la PNP, precisamente para incentivar a que se denuncien los casos de extorsión.

"Para nadie es desconocido que el país —y como otros países en la región y en el mundo— se viven momentos difíciles respecto de la extorsión y el crimen organizado", afirmó Boluarte al principio de su discurso.

Boluarte indicó que la línea telefónica, de atención gratuita y confidencial, nace tras un acuerdo adoptado recientemente en el Consejo de Seguridad Ciudadana y estará a cargo de la División de Secuestros y Extorsiones (Divise) de la PNP.

El servicio recibirá imágenes, audios y videos que serán analizados por el Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (Gorex), lanzado en septiembre exclusivamente para investigar, identificar y desarticular a las bandas criminales dedicadas a este flagelo.

También envió al Congreso de la República un proyecto de ley que califica como "terrorismo urbano" los delitos de extorsión, secuestro y sicariato, de manera que lo incluye en el Código Penal para elevar las penas. Aunque se debatió en el pleno, todavía no se vota.

Sumado a esto, declaró estado de emergencia por 60 días en varios distritos de Lima y Callao en respuesta a otro paro de transportistas que solicitó más acciones contra la inseguridad y específicamente contra la extorsión.

¿Da resultado?

"La evidencia demuestra que esta medida no ha sido efectiva", aseveró Bustamante sobre el estado de emergencia.

Reportes de medios peruanos apuntan a que la criminalidad se mantiene y en algunas localidades ha incrementado. De acuerdo a El Comercio, en los primeros siete días de aplicado el estado de emergencia, "nueve personas han sido asesinadas en la capital, seis de ellas, además, en los lugares en los que rige la medida".

"Lo ocurrido es lamentable, por supuesto, pero de ninguna manera sorpresivo. Desde antes de que entrara en vigor, los expertos ya habían advertido que el estado de excepción no serviría para arreglar el problema que lo motiva. Pero por lo visto el Gobierno no tiene otra forma de responder ante la demanda de los ciudadanos por mayor seguridad", criticó.

En una editorial, el centenario periódico señaló que "se requieren inteligencia, reformas, trabajo coordinado entre instituciones y un paquete de medidas adicionales del que los expertos llevan meses hablando".

Por su parte, el dominical 'Panorama' que transmite Panamericana, puso a prueba la línea 111 con el caso de un empresario, a quien unos criminales le exigieron 50.000 soles (13.000 dólares) a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.

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A pesar de que un operador le dijo que enviaría un patrullero para que lo traslade a una comisaría cercana para hacer la denuncia, el agente nunca llegó. En cambio, unos delincuentes aparecieron y dispararon cinco veces contra su vivienda. Fue después del ataque que unos policías se acercaron y capturaron a dos extorsionadores.

Un hecho que generó indignación entre cientos de usuarios, que en redes sociales alertaron sobre fallas en el sistema de denuncias. Entretanto, gremios ya se preparan para un paro nacional ante el clima de inseguridad que padecen.

"Preferible parar a morir por los extorsionadores, por los delincuentes, que te sigan extorsionando", enfatizó Campos.