El parlamento de Venezuela aprobó este martes la "Ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales".
La normativa ha sido diseñada para proteger las relaciones comerciales del país suramericano del "robo" y "asalto" de lo bienes de los venezolanos, en respuesta a las recientes acciones del gobierno de Donald Trump en EE.UU., que ha tomado por la fuerza dos embarcaciones petroleras venezolanas en el mar Caribe.
De acuerdo con lo debatido por los legisladores venezolanos durante dos días en sesiones extraordinarias, los puntos claves de la nueva normativa se fundamentan en garantizar la libertad de navegación y comercio de mercancías protegidas por los tratados internacionales ratificados por Venezuela, así como también en castigar y penar con prisión a las personas que promuevan los actos de piratería contra la República.
La legislación, propuesta por el presidente Nicolás Maduro para su debate urgente, guarda similitudes con la normativa contra el bloqueo que aprobó el Parlamento en 2020. Para el Gobierno bolivariano, estos instrumentos jurídicos han sido el el eje principal para obtener los resultados positivos en la economía venezolana, a través de un modelo que corta con la dependencia petrolera.
Entre los tratados firmados por Venezuela para garantizar el comercio internacional y la libertad de navegación, se encuentran: la Convención de Ginebra sobre Alta Mar, de 1958; el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, de 1988; y la Carta de las Naciones Unidas.
La normativa tiene como eje transversal la definición de los actos de piratería, que incluyen asaltos, robos, violencia e incautaciones ilícitas cometidas en altamar. Además, también se toman en cuenta como actos de asedio, acciones de intimidación, amenaza a la seguridad de navegación y la apropiación de buques y sus cargas, a través del terror y el uso de la fuerza armada.
Ante esto, la normativa contempla que toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros ilícitos internacionales contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con Venezuela y sus entidades, por parte de Estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras, serán sancionados con prisión de 15 a 20 años, además de una multa equivalente de 100.000 y un millón de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central (BCV).
Venezuela bajo el asedio de EE.UU.
Desde agosto pasado, EE.UU. mantiene el mayor despliegue militar de las últimas décadas en aguas del Caribe, con presencia sostenida de activos navales y aéreos. En un primer momento, Washington justificó esta operación bajo el argumento del supuesto combate al narcotráfico, responsabilizando al Gobierno venezolano y al propio presidente Maduro, sin presentar pruebas, de contribuir a ese delito.
Con el paso de los meses, la narrativa oficial de Washington ha experimentado un giro previsible. Tal como lo había denunciado Caracas desde un comienzo , el supuesto foco en el narcotráfico ha dado paso a un discurso abiertamente centrado en el control y la apropiación ilegal de los recursos energéticos del país suramericano, en un contexto de creciente presión económica y amenazas de uso de la fuerza. En las últimas semanas, EE.UU. ha incautado al menos dos buques petroleros, en actos tildados por Venezuela de "robo" y piratería".
La operación militar estadounidense ha tenido consecuencias letales. Más de 100 personas han muerto como resultado de más de una veintena de bombardeos contra pequeñas embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, sin que EE.UU. haya demostrado su vinculación con actividades ilícitas y sin contemplar su condición de civiles.
Frente a estas acciones, Caracas anunció que acudirá este martes al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar lo que califica como agresiones militares de EE.UU. y una violación del derecho internacional.
Desde Rusia, en reiteradas ocasiones han expresado su apoyo a la nación suramericana y han hecho un llamado al pleno respeto del derecho internacional. Así, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una conversación telefónica mantenida con su par venezolano a principios de diciembre, manifestó su "solidaridad con el pueblo venezolano" y "reafirmó su apoyo al curso del Gobierno" de Maduro, "orientado a defender los intereses nacionales y la soberanía en condiciones de creciente presión externa".
Previamente, el presidente Maduro remitió una carta a los Estados miembros de Naciones Unidas, en la que alertó sobre una "escalada de acciones de extrema gravedad por parte del Gobierno de EE.UU.". En la misiva advirtió que estas operaciones amenazan con desestabilizar a toda la región del Caribe y al sistema internacional en su conjunto.
