Dos empleados de la banca de inversión estadounidense Goldman Sachs Group Inc. (GS) están bajo investigación de la policía de Brasil por sospechas de estelionato —una modalidad de fraude— en la titularidad de una participación en una clínica de atención al cáncer.
Según Bloomberg Línea, las pesquisas buscan esclarecer si el banco falseó información sobre la estructura accionaria de Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos SA, con el fin último de evadir las regulaciones de ley en el gigante suramericano.
Los imputados son Felipe Guerra Acosta, superintendente ejecutivo de inversiones del banco estadounidense, y Natan Lima Reinig, exmiembro del Consejo de Administración de Oncoclínicas designado por Goldman, quienes habrían tenido una "participación consciente" en una maniobra destinada a inducir a error a la red de tratamiento oncológico, al regulador del mercado de valores de Brasil y a la Bolsa, reveló el comisario José Eduardo Jorge.
O Globo precisa que la sospecha de la policía es que Goldman hizo un cambio de versión sobre quién era el propietario de un participación relevante en Oncoclínicas, con el propósito de eludir la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA). De este modo, no solo mantenían su manejo accionario sin realizar el desembolso que habría exigido la operación, sino que también perjudicaron a los tenedores minoritarios.
No obstante, desde el banco estadounidense sostienen que no cometieron ninguna irregularidad: "Seguimos creyendo que hemos actuado de forma adecuada", dijo un portavoz en un comunicado citado por Bloomberg.
Este no es el primer escándalo que rodea la clínica, sumida desde el mes pasado en una reestructuración extrajudicial, ya que anteriormente salieron a la luz las relaciones con el Banco Máster, una entidad crediticia en quiebra cuya caída salpicó a las más altas esferas del poder en Brasil.
¿Y ahora qué?
La prensa local destaca que la imputación constituye un problema para Goldman, en vista de que la Ley de Sociedades Anónimas exige una reputación intachable a todos los miembros de los consejos de administración: una investigación de este calibre ya enciende las alarmas.
Aunque no hay una resolución definitiva y el proceso judicial apenas arranca, la normativa indica que deben tenerse en cuenta la existencia de cualquier proceso penal o investigación policial para considerar la permanencia en el cargo.
Por lo pronto, según Metropoles, Guerra aseguró que nunca había tenido acceso a los documentos que probaran desde cuándo el fondo estadounidense era inversor de Oncoclínicas. Entrentanto, Lima justificó su proceder al alegar que solo firmaba los documentos previamente revisados por el departamento jurídico.
