La Fiscalía General de Rusia envió al Ministerio de Justicia de Países Bajos y a otros Estados solicitudes de detención y entrega de los representantes de la Corte Penal Internacional, informó el organismo este 8 de octubre.
Se trata del expresidente de la Corte Penal Internacional Piotr Hofmanski, quien la encabezó de 2021 a 2024; de la primera vicepresidenta Luz del Carmen Ibáñez Carranza, del fiscal Karim Ahmad Khan y de la actual presidenta Tomoko Akane. Las solicitudes también se refieren a los jueces Sergio Gerardo Ugalde Godínez, Bertram Schmitt, Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou y Haykel Ben Mahfoudh.
Por sentencia del Tribunal Municipal de Moscú, en diciembre de 2025 los miembros de la CPI mencionados fueron declarados culpables en rebeldía de haber cometido varios delitos: incoación de causa penal contra una persona manifiestamente inocente o apertura ilegal de una causa penal, detención ilegal, prisión preventiva ilegal o mantenimiento ilegal en prisión preventiva, así como ataque contra personas o instituciones que gozan de protección internacional, o amenaza de cometerlo.
Estos sujetos se encuentran en búsqueda internacional, precisó la Fiscalía General.
"Teniendo en cuenta la parcialidad política de la Corte Penal Internacional […] Rusia no ha sido ni es parte del Estatuto de Roma de la corte y no reconoce su jurisdicción", reza el comunicado.
A pesar de ello, en La Haya el fiscal Khan procesó ilegalmente a ciudadanos de Rusia, afirmó el organismo.
"La Presidencia de la Corte [Penal Internacional], en ausencia de fundamentos legales, dio instrucciones a los jueces de la sala para que emitieran órdenes de arresto manifiestamente ilegales contra ellos. Esas decisiones fueron adoptadas en violación de los principios y normas fundamentales del derecho internacional y en ausencia de cualquier prueba de la supuesta comisión de los delitos por parte de esas personas", agregó.
- En marzo de 2023, la CPI emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin.
- Junto con el mandatario, dictaminó el arresto de María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia.