Estados Unidos desplegará cientos de soldados en América Latina para realizar ejercicios de entrenamiento con fuerzas de la región, mientras el Pentágono amplía su controvertida campaña contra el narcotráfico.
Según funcionarios estadounidenses citados este jueves por The New York Times, los primeros efectivos de un batallón de 600 soldados de la 10.ª División de Montaña ya entrenan en la selva de Panamá. Está previsto que posteriormente realicen ejercicios con fuerzas hondureñas y participen en el ejercicio militar Vanguardia Sur, en Colombia.
¿Hacia una presencia permanente en la región?
Además, se espera que los soldados apoyen a unidades de operaciones especiales estadounidenses y asesoren a los ejércitos aliados en operaciones contra presuntos narcotraficantes. Según las autoridades, estos movimientos serán temporales, aunque podrían dar paso a una presencia militar estadounidense más permanente en la región.
El despliegue se produce después del traslado de varios drones MQ-9 Reaper desde África a Colombia y Ecuador, así como de la creación de una oficina por parte del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, para supervisar las operaciones contra los cárteles.
Washington ha presionado a los gobiernos latinoamericanos para que intensifiquen las ofensivas contra los grupos dedicados al narcotráfico y permitan operaciones conjuntas. Sin embargo, solo un puñado de países, entre los que se encuentran Colombia y Honduras, ha aceptado esta propuesta.
Por su parte, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, ha declarado que las operaciones se extenderán de los ataques marítimos a objetivos terrestres.
Operaciones controvertidas
El pasado 2 de septiembre de 2025 comenzaron las operaciones contra embarcaciones catalogadas de 'narcolanchas' por las autoridades estadounidenses en aguas del Caribe y el Pacífico. Washington defiende estos ataques como parte de su lucha contra el "terrorismo" y el narcotráfico, aunque, hasta el momento, no ha presentado pruebas fehacientes que respalden este tipo de acciones, que han causado la muerte de más de 200 personas.
Ante la ausencia de evidencia legal sobre las supuestas actividades ilícitas de las víctimas, los familiares acusan a la Casa Blanca de matar a personas inocentes. Además, sus muertes han sido calificadas como una violación de los derechos humanos por organismos internacionales como Naciones Unidas.
Cabe recordar que este miércoles venció el plazo dado por un tribunal estadounidense al Gobierno de Donald Trump para que justifique legalmente el operativo militar y los bombardeos contra embarcaciones.
