Paraguay en vilo, millones sin acceso a sus ahorros: ¿Qué pasará con Santiago Peña? (MINUTO A MINUTO)

El Senado retoma la sesión para avanzar hacia la sentencia del juicio a Santiago Peña. Apenas reanudado el debate, la senadora Yolanda Paredes tomó la palabra.

El senador opositor Rafael Filizzola reprochó a Santiago Peña que no acudiera al Congreso a dar la cara y dejara su defensa en manos de terceros.

"La defensa de Peña fue un 'yo no fui', presentado por otras personas", dijo a los periodistas, al tiempo que cuestionó los argumentos con los que se buscó desvincular al mandatario de las decisiones relacionadas con la crisis bancaria.

El Instituto de Previsión Social (IPS) aclaró este 6 de noviembre que los jubilados no necesitan realizar ningún trámite para cobrar su haber y el aguinaldo de noviembre tras el colapso de Ueno Bank.

La entidad asignará automáticamente un banco a todos los beneficiarios.

"Estamos haciendo el esfuerzo para que todos tengan su salario y aguinaldo en tiempo y forma", afirmó la presidenta en ejercicio, Mirtha Aria. Los jubilados podrán consultar en qué banco cobrarán desde el lunes a través de la página web del IPS o la aplicación Mi IPS.

El Senado paraguayo aprobó por unanimidad todas las pruebas presentadas contra el presidente Santiago Peña, lo que permite que el proceso avance hacia la fase final de alegatos y juzgamiento.

Tras el receso, los fiscales y la defensa presentarán sus respectivos alegatos finales. Concluida esta etapa, se dará paso a la deliberación y, posteriormente, a la votación para emitir la sentencia definitiva.

El abogado defensor de Santiago Peña, Ricardo Preda, cuestionó la responsabilidad exclusiva del mandatario en el nombramiento de Carlos Carvallo como titular del Banco Central, señalando que fue el Senado quien aprobó la designación.

"La designación es un acto administrativo complejo. El presidente propone y quien presta el acuerdo es la Cámara de Senadores. Cuarenta y cinco senadores votaron por ese acuerdo. ¿Tenemos que incluir a los senadores en el libelo?", cuestionó Preda, argumentando que si el nombramiento de Carvallo constituye mal desempeño, el libelo acusatorio debería extenderse a cada uno de los legisladores que lo aprobaron.

María Silvia Vázquez de Carvallo, esposa del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, facturó al menos 165 millones de guaraníes al Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank, mientras su esposo dirigía la institución encargada de supervisar a las entidades financieras, recoge el medio ABC.

Según su declaración jurada de 2023, la mujer trabajaba como "consultora en economía" y mantenía "contratos habituales" con el grupo empresarial. El último pago se registró en septiembre, tras los informes de la Superintendencia de Bancos sobre irregularidades vinculadas al grupo.

Durante su comparecencia ante el Senado, en defensa de Santiago Peña, el abogado Ricardo Preda cuestionó el libelo acusatorio presentado para el juicio político contra el presidente. "Si este libelo fuese hecho por un alumno del primer año, tendría una sola nota: aplazado", afirmó.

El abogado de defensa Adolfo Ferreiro argumentó ante el Senado que el juicio político contra Santiago Peña carece de viabilidad jurídica, política e institucional tras su renuncia, y advirtió que, continuar con el proceso, expone a Paraguay a sanciones internacionales.

"Al negarle al presidente de la República el derecho a salirse del juicio político, es decir, a renunciar al privilegio que tiene, estamos haciéndole un daño al sistema institucional del país y nos estamos exponiendo una vez más a la vergüenza en los foros internacionales", declaró, y advirtió que, de continuar el proceso, Peña se verá "obligado a recurrir" ante instancias internacionales.

Adolfo Ferreiro, abogado de Santiago Peña, declaró ante el Senado que el juicio político no puede continuar tras la renuncia de Peña, argumentando que el procedimiento solo puede desarrollarse mientras el funcionario permanezca en el cargo.

"Ante la renuncia del funcionario, cesaba el juicio político porque dejaba de tener sentido", afirmó Ferreiro, al tiempo que recordó antecedentes de ministros de la Corte Suprema que renunciaron durante procesos similares y cuyos juicios fueron suspendidos.

El abogado planteó que, aunque un órgano político lleve el proceso, este debe respetar todas las garantías del derecho a la defensa y que, al renunciar, el enjuiciado deja de ser funcionario y pasa a ser "un ciudadano común a disposición de cualquier procedimiento fiscal o judicial".