Rusia condena en Ginebra la violencia contra los civiles en Libia
Rusia condena la violencia desatada contra los civiles en Libia y exige su cese inmediato, señaló el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en la reunión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se lleva a cabo en Ginebra.
"Es inaceptable la aplicación de fuerza militar contra la población civil como sucede en Libia, donde han muerto centenares de vecinos. Rusia condena semejante violencia, exige su cese inmediato y la observación del derecho internacional", dijo Lavrov.
"Hemos expresado de forma inequívoca nuestra actitud respecto a esos sucesos en las declaraciones del presidente de Rusia y del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el mensaje común de Rusia y la Comunidad Europea del 24 de febrero y hace dos días en el Consejo de Seguridad de la ONU. Celebramos que el Consejo de Derechos Humanos también ha adoptado una postura de principios", añadió el titular de Exteriores.
Refiriéndose a la situación en Oriente Próximo y los países de África del Norte, el ministro apuntó que los acontecimientos "abrieron una capa enorme de los problemas que se han acumulado durante décadas, ante todo la miseria, el desempleo y, en general, la situación de no tener asegurados derechos humanos socioeconómicos". El diplomático ruso consideró que "estos problemas los deben resolver los propios pueblos de estos países, sin coacción o intervención foránea, de manera pacífica y en los marcos del derecho, mediante el diálogo nacional y el logro de un acuerdo público acerca del camino para canalizar las transformaciones maduradas".
En la misma sesión su homóloga española, Trinidad Jiménez, invitó a la comunidad internacional a que apoye los procesos de cambio que se están produciendo en el Norte de África, así como a "seguir reaccionando con toda firmeza ante la barbarie de los dirigentes libios". La ministra subrayó que las actuales transformaciones en la ribera sur del Mediterráneo "son fruto de las demandas de los ciudadanos" que son legítimas y deben ser escuchadas. "La comunidad internacional debe acompañar, con su respaldo político y financiero, estos procesos para que culminen con éxito", dijo.
En cuanto a la situación acerca de Trípoli, Jiménez insistió en que las sanciones aprobadas el pasado sábado por el Consejo de Seguridad "deben ser aplicadas con todo rigor". "Son violaciones y ataques a la población indefensa que obligan a la comunidad internacional a intervenir con decisión", dijo la ministra. Agregó también que los altos mandos libios responsables de graves violaciones de los derechos humanos deben comparecer ante la Corte Penal Internacional.
Las protestas en distintas provincias libias que exigen que el líder de la Gran Jamahiriya Árabe desde hace 42 años abandone el poder no han cesado desde el 15 de febrero. Según los datos de varios organismos internacionales, las autoridades suprimen severamente estas manifestaciones de forma que en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y los mercenarios extranjeros han muerto hasta unos 2.000 civiles. Decenas de estados evacúan a sus ciudadanos de Libia, ante lo que podría transformarse en una verdadera guerra civil.
Aunque el Consejo de Ginebra se centró en los problemas de Oriente Próximo y se prevé una discusión muy amplia al respecto, en la agenda del evento están presentes también la protección de los derechos naturales de los niños y las personas discapacitadas. Por el momento se ha celebrado en el marco de la sesión una reunión bilateral del canciller ruso con la secretaria de Estado de EE. UU., Hillary Clinton. Se espera que haya también otras entrevistas de los diplomáticos para conseguir una unanimidad completa en la actitud de la comunidad internacional respecto al régimen de Trípoli.
Las sanciones contra el régimen de Trípoli impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU han sido ratificadas en el Comité de representantes permanentes de la Unión Europea. Los representantes amplificaron las medidas previstas por el Consejo de Seguridad, extendiendo el embargo de la exportación de armas también al material antidisturbios. La congelación de los activos de la familia de Gaddafi en el exterior abarcará también a 25 personas de su entorno. A todos ellos se les prohibirá viajar a territorio de la UE.