Moody's revisa a la baja la calificación de España
La agencia de calificación de riesgo Moody's revisó a la baja la calificación de la deuda soberana de España, bajando desde AAA a la categoría AA1, con una perspectiva estable. La baja se debe a la debilidad económica y a que la recuperación de los sectores de la construcción e inmobiliario tardará aún varios años.
La agencia destaca el notable empeoramiento del estado financiero de España en comparación con otras economías con la máxima calificación de AAA.
Además, el considerable déficit y el gran endeudamiento de España, junto con los elevados intereses que ha ofrecido por su deuda, contribuye a la vulnerabilidad del país.
Las otras dos principales agencias de calificación de riesgo, Standard & Poor's y Fitch, ya habían rebajado la calificación de España en abril y mayo pasado, respectivamente.
Asimismo, el Gobierno entrega hoy en el Parlamento el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2011, que están marcados por la austeridad, con un recorte medio del 7,9% del gasto y una subida de impuestos a las rentas más altas del trabajo.
La revisión de la calificación se produjo un día después de la huelga general convocada en España en protesta contra el programa de austeridad y reforma laboral impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Las manifestaciones paralizaron buena parte de la industria y causaron dificultades en el transporte, pero su éxito provocó la ambivalencia de opiniones.
"La huelga general del 29 de septiembre es un éxito", dijo el líder de UGT, Cándido Méndez. "Los trabajadores rechazan la resignación y saben que España necesita unas políticas distintas, un cambio de rumbo en las políticas de reforma laboral o congelación de las pensiones", afirmó. Su punto de vista fue también compartido por los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO).
El gobierno de Zapatero, por su parte, no dio datos globales. La huelga tuvo "un seguimiento desigual y un efecto moderado", aseguró el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.
Las consecuencias del paro general, el séptimo desde el final de la dictadura franquista en 1975, se sintieron sobre todo en la industria siderúrgica y automotora, que quedó casi paralizada. En esta última, secundó la huelga casi el 100% de los trabajadores y en el transporte paró el 21%, dijo el ministro en La Moncloa.
El paro afectó también a los mercados mayoristas y al transporte urbano en ciudades como Madrid, y causó la cancelación o retrasos de más de 300 vuelos en los aeropuertos del país.
No obstante, la mayoría de los comercios y los bancos abrieron sus puertas como si se tratara de un día normal.
En la administración central, la participación fue apenas del 7,52%, según dijo el ministro de Trabajo, quien resaltó la "normalidad" imperante durante la jornada de huelga y el cumplimiento de casi el 99% de los servicios mínimos pactados entre el Gobierno y los sindicatos.