¿Por qué Venezuela impacta en el tablero interno de Colombia?

"Después de intensificar el que los colombianos se maten entre sí, que el Estado mate a los jóvenes colombianos y los torture y encarcele, vienen a pedir que los jóvenes colombianos y venezolanos se maten entre sí, que las madres venezolanas y colombianas lloren por sus hijos muertos". Así inició una publicación en X el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en respuesta al llamamiento del exmandatario Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) para iniciar una intervención militar contra Venezuela.

La ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales entre Colombia y Venezuela durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), heredero político de Uribe Vélez, tuvo un impacto significativo en la economía y sociedad colombiana, especialmente en las regiones fronterizas. Y aunque con la llegada al poder de Gustavo Petro se restablecieron y fortalecieron las relaciones bilaterales, con miras a revertir las consecuencias desastrosas de esa política, se han enfrentado a serias limitaciones.

Desde una perspectiva económica, la ruptura entre estos dos países hermanos tuvo consecuencias catastróficas para Colombia, debido a que Venezuela había sido históricamente uno de los principales socios comerciales de esta nación. Antes del resquebrajamiento de los vínculos, el comercio bilateral alcanzaba más de 7.000 millones de dólares anuales, según cifras del 2008.

Tras la suspensión de los nexos, las exportaciones colombianas hacia Venezuela cayeron drásticamente, lo que afectó a sectores como alimentos, textiles y manufacturas.

A su vez, este escenario generó un fuerte impacto en las regiones fronterizas. Departamentos como el Norte de Santander y La Guajira, dependientes del comercio con Venezuela, enfrentaron graves crisis económicas. La informalidad laboral aumentó, y el intercambio transfronterizo favoreció el recrudecimiento de actividades ilegales como el contrabando.

Así, ciudades fronterizas del lado colombiano, como Cúcuta, sufrieron un debilitamiento de su actividad económica, con un creciente aumento del desempleo y el cierre de negocios. En ese sentido, no es de extrañar que, tras la convocatoria de Uribe Vélez a una manifestación de apoyo a su plan de intervención militar en Venezuela en esta ciudad, el éxito de ese llamado haya sido mínimo.

La ruptura entre estos dos países hermanos tuvo consecuencias catastróficas para Colombia debido a que Venezuela había sido históricamente uno de los principales socios comerciales de esta nación.

En el plano social esta circunstancia devino, como señalé anteriormente, en el aumento de las actividades ilegales y, por lo tanto, de la inseguridad, la presencia de grupos al margen de la ley, la pérdida de control del Estado y el aumento de la violencia.

La falta de presencia estatal tiene a su vez distintas consecuencias, como el deterioro de escuelas, hospitales, carreteras o de acceso al agua potable, que profundizan, además, la pobreza, la exclusión social y la desigualdad estructural que persiste entre las zonas urbanas y rurales en Colombia. En ese sentido, lo anterior favorece la lumpenización de estas comunidades, que acaban sirviendo al narcotráfico o al paramilitarismo, creando con ello una espiral de desigualdad, pobreza y violencia.

Desde la perspectiva del derecho internacional, no existe ninguna justificación para una intervención militar colombiana en Venezuela, al igual que no existían argumentos para desconocer a las autoridades venezolanas durante el gobierno de Duque, que fue el origen de la crisis que acabó con la ruptura de las relaciones entre ambos países.

Desgraciadamente, estamos en un escenario internacional donde el derecho es papel mojado. Como vemos en Palestina, donde se está cometiendo un genocidio sin que las instituciones internacionales puedan impedirlo por el apoyo sistemático que EE.UU. y los países europeos dan a Israel. Igualmente, en el escenario latinoamericano, vimos recientemente cómo el actual gobierno de Ecuador vulneraba la convención de Viena, al asaltar la Embajada mexicana para detener ilegalmente al exvicepresidente de este país Jorge Glas, sin ninguna consecuencia. Y estos serían solo algunos de entre múltiples ejemplos.

Lamentablemente, sabemos que los intereses de EE.UU., sean en Oriente Medio o en América Latina, son los que parecen establecer de forma arbitraria lo que está o no permitido a nivel internacional. Y en ese sentido, son los que evidentemente también están interviniendo ahora en la política interna colombiana.

Colombia: país "invadido"

Colombia ha dependido históricamente de la exportación de productos primarios como el café, el banano, el petróleo y el carbón. La integración de este país en la economía global, debido a distintos acontecimientos históricos derivados de la condición neocolonial, se ha llevado a cabo a través de acuerdos comerciales y tratados que refuerzan su papel como proveedor de bienes primarios, con poco valor agregado.

Esta situación se da mientras que los países más desarrollados aprovechan para comprar materias primas baratas y vender productos manufacturados más caros. Según las teorías de la dependencia, estas dinámicas de acumulación de capital generan a su vez, una élite local alineada con los intereses de las grandes potencias.

Colombia es un país invadido, en sentido económico y militar, lo que conlleva también limitaciones importantes para su soberanía política.

Esta relación de dependencia también se refleja en el narcotráfico. Así, los mercados ilegales de drogas están subordinados a la demanda de países desarrollados (sobre todo, EE.UU.), sin embargo, las consecuencias más trágicas se concentran en los países exportadores como Colombia, aumentando la violencia y los desplazamientos forzosos.

El colmo del desarrollo de estas relaciones de dependencia son acuerdos como el Plan Colombia, que, bajo la excusa de combatir el narcotráfico, asegura la presencia militar constante estadounidense en territorio colombiano, así como el control sobre bases militares estatales.

Colombia es un país invadido, en sentido económico y militar, lo que conlleva también limitaciones importantes para su soberanía política. En ese sentido, la llegada al poder de Gustavo Petro y su apuesta por una transformación del país, está subordinada a una serie de condiciones previas.

En primer lugar, el presidente ha necesitado de apoyos de partidos tradicionales de la derecha colombiana para poder sacar adelante algunas de sus políticas, sin embargo, esta alianza ha condicionado e impedido que salieran adelante reformas necesarias y estructurales, como la reforma del sistema de salud, laboral o de pensiones, o una más que urgente reforma agraria para combatir la desigualdad estructural de las zonas rurales, que suponen a su vez la cronificación de la violencia y la pobreza.

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Injerencia de EE.UU. en Venezuela

El plan de desestabilización de EE.UU. en Venezuela, que se ha construido en varias etapas y con distintas estrategias desde la llegada de los gobiernos chavistas al poder en 1998, se inserta en un escenario más amplio de pérdida de control de Washington sobre lo que ha considerado su 'patio trasero', debido al resurgimiento de los proyectos de integración regional latinoamericana y de gobiernos soberanos y populares, como el de Venezuela, que buscan un desarrollo no dependiente.

En ese sentido, Colombia ha sido una pieza más para la injerencia contra Venezuela, pero a su vez, en el actual contexto, también hay una lectura interna –aprovechando las debilidades del gobierno de Petro– para establecer un doble ataque contra su administración y el proceso bolivariano en Venezuela de forma simultánea.

En los próximos días asume la presidencia Donald Trump, quien ya ha designado a Marco Rubio como secretario de Estado, lo que podemos identificar como un claro aviso a América Latina sobre el aumento de la injerencia y de las políticas agresivas contra todo aquel país que desafíe el sistema de dependencia marcado.

En ese sentido, vienen tiempos difíciles para el gobierno colombiano, que solo podrá seguir adelante si apuesta por profundizar sus políticas de cambio a través del auge y fortalecimiento del movimiento popular y alejándose de las élites colombianas, que históricamente y en la actualidad están subordinadas a intereses extranjeros, sobre todo, de EE.UU. El reto para Petro, sin duda, no será fácil.