La única cuestión por resolver a día de hoy en la interminable sucesión de escándalos que asaltan a la Monarquía española, si es que queda alguna, gravita sobre si Juan Carlos I, el actual rey emérito, entrará o no en prisión. Porque todo lo demás es obvio desde hace… décadas.
Que Juan Carlos I ha sido un delincuente múltiple con inmunidad e impunidad ha quedado más que demostrado a lo largo de las décadas en las que ha reinado. Libros como El negocio de la libertad de Jesús Cacho, editado en 1999, o Un rey golpe a golpe de Rebeca Quintans, publicado con pseudónimo en el año 2000 (con reciente reedición, Una biografía sin silencios), dejaban muy en evidencia las actividades delictivas de Juan Carlos I hasta el punto de convertir el 'presunto' en una vestimenta innecesaria para un rey desnudo de la más mínima moral. Y ni siquiera eran nada nuevo, pues la bibliografía ya entonces existente sobre el 23-F y los movimientos golpistas de Juan Carlos I durante el comienzo de su reinado (1980-1981), ya le convertía en golpista, y, por tanto, en autor de varios y graves delitos. Tampoco sería el final, muy al contrario, pues el comienzo de siglo daba el pistoletazo de salida de una carrera desenfrenada de libros, artículos, informes policiales y sumarios judiciales detallando las innumerables actividades delictivas de Juan Carlos, una carrera que ni siquiera hoy puede darse por concluida.
Señalado en la operación Gürtel, la madre de todas las corruptelas del Partido Popular; en el caso Nóos, en el que su yerno, Iñaki Urdangarin, terminó en prisión y su hija, Cristina, fue salvada in extremis por la siempre servil Justicia española; en la corrupción de la familia Pujol, un caso en el que se alcanzó un status quo sospechoso que exoneró a unos y otros; en la macrocausa por blanqueo de dinero del empresario Gao-Ping, en el que se vieron involucradas tres primas de Juan Carlos y fueron rápidamente exoneradas; en el caso de su testaferro más conocido, Manuel Prado y Colón de Carvajal, que fue condenado y terminó en prisión… y así, un caso y otro caso hasta que The New York Times cifraba en el año 2012 en más de 2.300 millones de dólares la fortuna del Borbón, un monarca desahuciado cuando llegó a la dictadura española. Casi nada. Entre la caza de elefantes, la vida de lujoso multimillonario y una interminable lista de amantes, a las que en algunos casos cedía generosamente cifras millonarias y en otros los fondos reservados o los servicios secretos y sus amenazas callaban las intimidades más sórdidas, su nombre sonaba de forma insistente como comisionista en la venta de armas, en la compra de petróleo o en la adjudicación de obras.
Pero hasta el año 2014, fecha en la que el monarca fue obligado a abdicar por su propio hijo y un grupo de presión compuesto por políticos, personalidades y empresarios españoles de primer nivel, todo ello había colisionado una y otra vez con la infranqueable barrera levantada por la Transición española: la inviolabilidad jurídica. Alegaban una y otra vez desde instancias judiciales que el jefe del Estado es inviolable jurídicamente. Y es que la Constitución española no sólo sitúa al rey español en el territorio de la inviolabilidad, también en el de la irresponsabilidad. Juan Carlos, como Felipe VI ahora, es inviolable e irresponsable de sus actos. Una aberración que en la práctica permitiría al rey de España, por ejemplo, quedar eximido de matar a su hermano, incitar al asesinato de una amante embarazada, deshacerse de un rival político, perpetrar un golpe de Estado, cobrar comisiones ilegales, blanquear dinero o trabajar para traficantes de armas o desalmados dictadores. Tal delirante es el marco jurídico actual, que si al rey Felipe VI le apeteciera asomarse mañana al balcón de su palacio y disparar contra todo el que pasase por la calle, lo podría hacer con toda tranquilidad.
Difícil justificar tamaña desfachatez. De hecho, tenemos un ejemplo que demuestra que la inviolabilidad e irresponsabilidad jurídica son medidas sin validez internacional y serían derribadas por cualquier sociedad avanzada: las actuaciones ilegales de los militares. En la teoría, hasta hace escasas décadas, y en la práctica, incluso en la actualidad según donde nos encontremos, los militares quedaban exentos de cualquier responsabilidad siempre y cuando pudieran alegar que se encontraban en el desempeño de sus funciones y cumplían órdenes. Esto fue resuelto por diferentes organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual resolvió que en ningún caso una actividad ilegal podía estar contenida dentro de una actividad militar. Lo que es aplastantemente lógico. Es decir, no puede formar parte del quehacer de un militar participar de un golpe de Estado, torturar, asesinar o violar. Aplicando la misma lógica a la situación de los monarcas españoles, no puede formar parte del quehacer de un rey cobrar comisiones, blanquear dinero o participar de golpes de Estado. Sin embargo, esta doctrina internacionalmente admitida, no ha sido comprendida ni asumida de forma mayoritaria en España.
Con los últimos escándalos, que han revelado el uso de tarjetas opacas por parte de los actuales eméritos Juan Carlos y Sofía o la existencia de un coronel que ha pasado los ratos de asueto como testaferro del rey, aunque él lo niega y como casi todo lo que acompaña a la Familia Real se acompaña de un 'presunto' tan insondable como cuestionable, queda al descubierto que la Familia Real de ejemplar tiene poco. Porque los hasta ahora distinguidos por su aureola de incorruptibilidad, la reina Sofía y el actual monarca Felipe VI, también se han visto salpicados por los casos de corrupción. Sofía, en el ya mencionado caso de las tarjetas opacas y Felipe VI al aparecer como beneficiario de una cuenta con 100 millones de dólares. No son los únicos. La infanta Cristina, pareja de Iñaki Urdangarin, condenado y yerno de Juan Carlos I, como comentamos, fue exonerada por la Justicia española y lo fue, incluso, en contra del criterio del juez instructor del caso.
Y la juventud regia apunta maneras. Se trata de pequeños detalles, pero no generan buenas sensaciones, pareciera que se comportaran como si España fuera su cortijo. Son los casos de Froilán o Victoria Federica, hijos de la infanta Elena, cada día menos ejemplares. Si ya en el año 2019 el propio Felipe VI dudaba sobre si retirarles la escolta por su conducta poco edificante, durante los últimos meses han sido cuestionados por saltarse las normas de confinamiento. No parece que el elevado gasto en educación invertidos en ellos haya tenido correspondencia para la ciudadanía española, al menos en cuanto a ejemplaridad se refiere.
Llegados a este punto, en el que los escándalos afectan a una gran parte de los familiares del actual rey, Felipe VI, y cercan al rey emérito, la gran pregunta que queda por resolver es si Juan Carlos I entrará en prisión. Conviene recordar que ya no estamos en el año 2014, y este ya no es inviolable ni irresponsable, por lo que, aunque sus antecedentes penales hayan sido borrados de un plumazo, sin juicio ni condena, las actividades delictivas posteriores a esa fecha si pudieran y debieran ser enjuiciadas.
Sin embargo, no parece que ello vaya a suceder y de suceder, le construirían una prisión-balneario para él solo y su vida de multimillonario –su yerno entró en una prisión habilitada para él solo–, pues la sensación instalada en muchos españoles es que la Justicia española no trabaja para condenar al Emérito, sino para exonerarle, por lo que solo le condenarán de verse socialmente obligados a ello. Desgraciadamente, ello solo demuestra que España no es un país para la Justicia, es una país para la irresponsabilidad.
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