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El misterio continúa: ¿Quién se robó las manos de Juan Domingo Perón?

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La profanación de la tumba del expresidente argentino en 1987 y la desaparición de sus manos siguen sin esclarecerse casi cuatro décadas después de uno de los episodios más insólitos e impunes de la historia penal y política del país.
El misterio continúa: ¿Quién se robó las manos de Juan Domingo Perón?

En junio de 1987 se descubrió que la bóveda donde descansaban los restos del expresidente argentino Juan Domingo Perón, en el Cementerio de la Chacarita de la ciudad de Buenos Aires, había sido forzada y el cadáver embalsamado profanado: lo cortaron y se llevaron las manos junto con objetos personales del expresidente.

El episodio tomó estado público cuando tres dirigentes del Partido Justicialista —Vicente Saadi, Saúl Ubaldini y Carlos Grosso— recibieron cartas anónimas firmadas como 'Hermes IAI y los 13' en las que se informaba la profanación y se exigía un rescate de ocho millones de dólares por devolver las manos y otros efectos.

El juez a cargo de la causa, Jaime Far Suau, inspeccionó la bóveda y confirmó que las manos habían sido seccionadas del cadáver con herramientas manuales en el espacio reducido de la cripta, un hecho que causó conmoción política en el contexto de la Argentina de mediados de los años 80, recuerda La Nación.

Trabajo profesional

Según las pericias, los profanadores abrieron la pesada tapa de la bóveda haciendo palanca con herramientas como un destornillador y un cortafierros. Las marcas en la madera y los restos encontrados dentro de la cripta confirmaron ese procedimiento. Para mantener abierta la tapa del féretro, incluso utilizaron el crucifijo que lo cubría, junto a la bandera, el sable, un portarretrato que contenía una carta de su esposa, María Estela Martínez de Perón, y la gorra del teniente general.

Luego, perforaron el sistema de protección del ataúd. Primero rompieron el vidrio de seguridad —un material laminado anti FAL compuesto por diez capas de vidrio unidas con un polímero de alta resistencia— y después cortaron la chapa metálica del féretro modelo Imperio con forma de cruz utilizando herramientas de corte pesadas. 

La mutilación fue ejecutada con precisión quirúrgica. Los investigadores determinaron que las manos de Perón fueron cortadas con una sierra de Gigli, instrumento utilizado tradicionalmente en cirugía para seccionar hueso. Ese dato alimentó desde el inicio la hipótesis de que quienes intervinieron tenían conocimientos técnicos y no actuaron improvisadamente.

Una causa que sigue abierta

El expediente enfrentó muertes y amenazas: testigos y participantes de la investigación fallecieron en circunstancias poco claras, y la causa judicial pasó por reaperturas y estancamientos sin llevar a responsables concretos ante la justicia.

Con el paso del tiempo la causa siguió abierta y bajo la lupa de la Justicia, pero sin avances decisivos. En la década de 1990 se reabrió la investigación con nuevas líneas basadas en la clave de las llaves de la bóveda y la posible participación de servicios de inteligencia, aunque tampoco condujeron a resultados definitivos.

A pesar de los años y múltiples líneas de investigación, nunca hubo imputados firmes ni hallazgo de las manos. El expediente atravesó períodos de avance y estancamiento.

Ya en tiempos más recientes, el expediente quedó bajo responsabilidad del juez Alberto Baños, quien mantiene formalmente la investigación abierta. Incluso se aguarda desde hace años si la CIA posee información relevante archivada sobre el caso, lo que muestra que la Justicia argentina sigue evaluando la posible dimensión internacional del episodio.

Otro caso sin resolución

Durante la investigación surgieron pistas falsas y teorías contrapuestas: hipótesis económicas, esotéricas o políticas. El periodista Claudio Negrete, coautor del libro 'La profanación', identificó al menos tres líneas de investigación sugeridas en los primeros días del caso, aunque ninguna pudo confirmar quiénes lo hicieron ni por qué.

Negrete compara el caso del cadáver de Perón con otros hechos ocurridos en Argentina que no tuvieron una resolución, como el atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires (1992); la muerte del fiscal Alberto Nisman (2015); la desaparición de Jorge Julio López, un testigo clave en juicios por los crímenes de la dictadura (2006); o el fallecimiento del hijo del expresidente Carlos Menem (1995).

"El Estado argentino, con todos sus recursos, su justicia y su servicio de inteligencia, no alcanzó para que algunos de estos casos puedan ser resueltos", señaló al medio Unidiversidad.

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