Millones de hogares de América Latina encuentran en el dinero enviado por sus familiares desde el extranjero una fuente fundamental para cubrir necesidades básicas. Sin embargo, su creciente peso en algunas economías abre un debate: ¿qué ocurre cuando dejan de ser solamente una ayuda familiar y se convierten en un soporte estructural?
Las remesas constituyen uno de los grandes salvavidas económicos para millones de familias latinoamericanas. El dinero que los migrantes envían desde el extranjero permite pagar alimentos, vivienda, salud o educación y, en muchos casos, ofrece una estabilidad que los ingresos generados dentro de sus propios países no alcanzan a garantizar.
Su importancia difícilmente puede ser cuestionada desde la perspectiva de los hogares que las reciben. Carla Pederzini, académica de la Universidad Iberoamericana de México, explica que estos recursos permiten mejorar el bienestar de las familias e incluso favorecen inversiones en educación. El problema, advierte, surge cuando una economía comienza a depender excesivamente de ellos.
Pero las remesas no crean por sí mismas suficientes empleos ni sustituyen una política económica capaz de generar oportunidades dentro del país. De hecho, Pederzini señala una paradoja: su crecimiento puede estar relacionado precisamente con la falta de puestos de trabajo y de condiciones adecuadas en las naciones de origen, factores que empujan a una parte de la población a emigrar.
Cuando el salvavidas se convierte en dependencia
Esa realidad adquiere especial relevancia en América Latina, una región donde los flujos enviados por los migrantes representan una fuente sustancial de ingresos para numerosos hogares. Cuanto mayor sea la dependencia, mayor será también la exposición a acontecimientos que ocurren fuera de las fronteras nacionales: cambios migratorios, pérdida de empleos entre los trabajadores expatriados, crisis económicas en los países receptores o modificaciones en las condiciones para enviar dinero.
México representa uno de los ejemplos más visibles del fenómeno. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido reiteradamente a los mexicanos que viven en EE.UU. y envían parte de sus ingresos a sus familias. Ante las iniciativas estadounidenses para gravar esos envíos, la mandataria ha destacado la contribución económica de los migrantes tanto a México como al país donde trabajan y ha rechazado que se penalice el dinero que obtienen con su trabajo.
Esa defensa, sin embargo, no elimina el interrogante de fondo. El enorme valor social de las remesas puede coexistir con una vulnerabilidad económica cuando su crecimiento termina funcionando como sustituto de salarios suficientes, empleo formal o políticas de desarrollo. El dinero llega directamente a las familias y les pertenece a ellas, pero su magnitud también puede ocultar problemas estructurales que permanecen sin resolver.
ADVERTENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 🇲🇽⚠️🇺🇸 Las remesas que reciben las familias mexicanas han perdido más del 20 % de su poder adquisitivo durante el último año y medio. A pesar de que los envíos totales suman 41,802 millones de dólares en los primeros ocho meses del año, la inflación general del 3.42 % y el tipo de cambio reducen la capacidad de compra de millones de personas.
— Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) October 8, 2026
Además, depender de esos ingresos no garantiza que mantengan intacta su capacidad para sostener a los hogares. El Banco de México advirtió este jueves que el poder adquisitivo de las remesas cayó más del 20 % durante el último año y medio, reportó El Universal. La evolución del tipo de cambio y el aumento de los precios han reducido el valor real del dinero recibido, en un contexto de estancamiento del consumo de los hogares. Entre enero y agosto de 2026, México recibió 41.802 millones de dólares en remesas, un 2,2 % más que durante el mismo período del año anterior.
Del sustento familiar al desarrollo
Una alternativa es intentar aprovechar parte de esos flujos para ampliar su impacto económico sin limitar la libertad de quienes los reciben. Horacio Esquivel, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), plantea mecanismos voluntarios que faciliten transformar una porción de las remesas en ahorro, inversión y proyectos productivos. La clave, subraya, es que cualquier instrumento respete la decisión de las familias sobre el destino de su dinero.
El desafío para América Latina no pasa entonces por reducir las remesas ni por cuestionar a quienes las envían. Consiste en evitar que un recurso nacido del esfuerzo de millones de migrantes se convierta en una excusa para depender indefinidamente de ingresos generados fuera de las economías nacionales.
