Las atribuladas relaciones que han mantenido EE.UU. y Venezuela durante los últimos 25 años parecen aproximarse a un punto de estabilización, especialmente luego de la reunión que mantuvieron el pasado martes el presidente estadounidense, Donald Trump, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Nueva York.
Sin embargo, al analizar la coyuntura de cada país se evidencia que, pese a la necesidad mutua de autorreconocimiento y colaboración, estos nuevos pasos de acercamiento poseen límites y riesgos importantes cuya prolongación temporal dependerá de diversos factores.
Los riesgos del viraje
En primer lugar, se trata de una relación caracterizada por el inmediatismo. Aunque existan proyectos a largo plazo, la prioridad de ambos gobiernos es estabilizar sus escenarios internos y dar respuesta a complejas coyunturas que cada uno sufre por su lado.
Por el lado de EE.UU., tras las crecientes tensiones y operaciones militares contra Irán en el golfo Pérsico, el mapa energético global atraviesa por un período de fuerte incertidumbre, en particular en lo respectivo a la distribución del crudo, lo que representa el 'talón de Aquiles' del capitalismo mundial. En puntos neurálgicos como el estrecho de Ormuz y el mar Rojo (frente a las costas de Yemen), las garantías para la comercialización marítima se han debilitado considerablemente, empujando al alza los precios internacionales de los combustibles. Esta situación impacta de forma directa a la economía estadounidense, donde el galón de gasolina ha rozado los cinco dólares. Ante las inminentes elecciones parlamentarias de medio término convocadas para el próximo 3 de noviembre, el descontento por el costo de la vida representa un desafío para la proyección política de los próximos dos años de la Administración Trump y llena de dudas las presidenciales del 2028.
Perder el Congreso puede significar terminar su gestión atado de manos o en un ambiente exponencialmente mucho más conflictivo que el actual.
El descontento por el costo de la vida representa un desafío para la proyección política de los próximos dos años de la Administración Trump y llena de dudas las presidenciales del 2028.
En Venezuela el panorama no es menos complejo. Tras 27 años de gobiernos chavistas, la gestión que encabeza Delcy Rodríguez enfrenta un deterioro acumulado de los servicios públicos, con el sistema eléctrico nacional como principal foco de crisis. El incremento de los cortes de luz en casi todo el territorio nacional ha comenzado a impactar a Caracas. La capital se ha mantenido aislada de episodios de este tipo desde el gran apagón de marzo de 2019. Esta fragilidad no solo alimenta el malestar social frente a una oposición radicalizada tras los acontecimientos del pasado 3 de enero de 2026, sino que se traduce en un freno objetivo para la industria energética: la extracción y procesamiento de crudo a gran escala requieren un suministro eléctrico confiable.
Si bien el gobierno venezolano ha hecho muchas gestiones para sanear la distribución eléctrica, el panorama actual, condicionado por los fenómenos atmosféricos, no permite tener certezas razonables sobre una rápida recuperación.
El encuentro Trump-Rodríguez
El giro de estas relaciones, de tormentosas a apacibles, responde a los problemas de fondo en ambos países. EE.UU. requiere un suministro confiable de crudo pesado para sus refinerías del golfo de México, en un contexto donde el rendimiento del fracking muestra signos de agotamiento técnico y financiero. Por su parte, la industria petrolera venezolana arrastra las consecuencias del esquema de sanciones impuesto entre 2017 y 2019, que la obligó a vender con altos descuentos y provocó la salida progresiva de operadores internacionales.
Los aliados de Caracas se ubican muy lejos geográficamente, y entre los problemas internos a la industria y las sanciones de Washington, lograron ciertamente ahorcar y desbaratar la economía del país que se vio sumido en la hiperinflación y la migración.
Esa presión llegó a un punto crítico en diciembre de 2025, cuando la intercepción y el bloqueo de buques en rutas internacionales dejaron a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) al borde del colapso operativo por saturación de sus capacidades de almacenamiento. El giro posterior registrado a inicios de 2026, con la reanudación de despachos y el esquema de pagos administrado temporalmente mediante cuentas en el exterior (inicialmente en Catar y posteriormente bajo supervisión estadounidense), actuó como un alivio de emergencia para el sector, y permitió no paralizar las operación de extracción.
EE.UU. requiere un suministro confiable de crudo pesado para sus refinerías del golfo de México.
No obstante, transcurridos más de siete meses desde que se concretaran los primeros entendimientos y tras el reciente encuentro entre Trump y Rodríguez, los resultados económicos no muestran aún el dinamismo esperado. Persiste una notable opacidad en los ingresos percibidos por la República, mientras que las fallas de infraestructura siguen afectando el desempeño general. Aunque la hiperinflación ha sido abatida, Venezuela cuenta con una de las inflaciones más elevadas del mundo y el aumento de la producción petrolera crece lentamente en una sociedad que tiene demandas socioeconómicas arrastradas por la crisis que comenzó hace más de diez años y que riñe con un marco constitucional de garantías sociales.
En el plano político, el acuerdo implica costos para la Casa Blanca. El electorado del estado de Florida (con un peso ideológico significativo de las comunidades y 'lobbies' de origen cubano y venezolano) ha recibido con escepticismo el acercamiento diplomático con Caracas. Un eventual desgaste en este feudo electoral, sumado al debate en torno a las políticas migratorias y las deportaciones, podría alterar los cálculos políticos de Washington e inducir giros en su política exterior.
Para el Partido Republicano, perder Florida podría significar una hecatombe electoral que obligaría a hacer un reseteo de muchas de las políticas de la actual Administración.
En conclusión, aunque existe un interés pragmático de carácter estructural entre ambas naciones, los acuerdos vigentes se mantienen en un terreno cauteloso. Hasta el momento, las grandes corporaciones energéticas no han ejecutado inversiones de gran escala, y gran parte de los memorandos de entendimiento se concentran en licencias operativas delimitadas o en empresas medianas cuya capacidad para elevar significativamente la producción nacional está aún por verificarse.
Si este acuerdo tiene un objetivo netamente electoral para ofertar tranquilidad a los electores estadounidenses en materia energética, o si de verdad es un proyecto a largo plazo, es algo que estaremos observando después de las elecciones de medio término.
